Acción de despido frente a una Administración Pública. La Administración que despide a una persona trabajadora debe cumplir con los requisitos de notificación exigidos por el art. 69.1, 2º LRJS. De lo contrario, el plazo de caducidad queda suspendido hasta que el interesado lo impugne por la vía procedente, sin que la inexigible reclamación previa cumpla el efecto de reanudar el plazo

Ponente: Excma. Sra. D.ª María Luz García Paredes
Normativa analizada: art. 59.3 ET; arts. 69.1 y 3, 70 y 103.1 LRJS; Disposición Final 7ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre PACAP
Hechos relevantes:
1. D. Juan, entre 2009 y 2013, ha prestado servicios para el Ministerio de Defensa bajo sucesivos contratos de interinidad para cobertura de vacantes. Los contratos se extinguían tras la cobertura de la vacante o la renuncia del titular.
2. En octubre de 2013 se suscribió un nuevo contrato eventual por obra o servicio, con la categoría laboral de celador de prisiones, para contribuir a la mayor seguridad en el control de accesos, cámaras y apoyo al Servicio de Seguridad, ante el aumento de internos. El contrato se prorrogó hasta el 17 de octubre de 2016, en que se formalizó el cese por extinción del contrato al concurrir causa legalmente prevista.
3. El 7 de noviembre de 2016, D. Juan presentó reclamación previa contra el Ministerio de Defensa. El 14 diciembre de 2016 presentó la demanda.
4. La SJS Madrid de 28 de abril de 2017, apreciando la excepción de caducidad de la acción, desestimó la demanda. El órgano de instancia consideró que, dado que la reclamación previa que se formuló era inexigible a partir de la reforma introducida por la Ley 39/2015, su presentación no suspendió el plazo.
5. Recurrida en suplicación, la STSJ de 27 de noviembre de 2017, Rec. 904/2017 estimó el recurso y, dejando sin efecto la excepción de caducidad, declaró la improcedencia del despido. La Sala de lo Social, atendiendo a lo que dispone el art. 69 LRJS y la doctrina constitucional sobre la incidencia de la reclamación previa en las acciones sujetas a plazos de caducidad, consideró que al incurrir el acto de notificación del despido en defectos formales, ya que no señalaba si aquella decisión era definitiva o qué recursos podían interponerse y en qué plazos, ello permitía que la reclamación previa, aunque no era exigible, desplegara el efecto de suspensión del plazo de caducidad.
Recurso de casación para la unificación de doctrina
El objeto del recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si la acción de despido está caduca o no y, en concreto, si el plazo de caducidad quedó suspendido o no por la presentación de una reclamación previa, no exigida legalmente, frente a la Administración Pública empleadora.
Argumentación de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo
1. En primer término, la Sala de lo Social hace un repaso a la diferente redacción del art. 69 desde la LPL 1995 hasta la LRJS, reformada en 2015, para concluir que, con la redacción actual, se suprimió la reclamación administrativa previa a la vía judicial, con el efecto que esto provocó sobre los plazos de caducidad y prescripción. Sin embargo, quedó intacto el régimen de las notificaciones de las decisiones o actos iniciales de la Administración, existentes con anterioridad en el citado art. 69.1 párrafo segundo y tercero.
2. A continuación, se refiere la doctrina precedente, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, sobre la reclamación previa y el plazo de caducidad. De esta doctrina cabe destacar:
2.1. Doctrina del Tribunal Constitucional
– «Las Administraciones Públicas deben respetar los requisitos que deben cumplir las notificaciones que efectúen aquellas por tener las mismas una especial importancia al permitir a los interesados poder reaccionar adecuadamente en defensa de sus derechos e intereses que entiendan lesionados por su actuación».
– «La caducidad del art. 59.3 del ET es derecho necesario al igual que otros derechos que pueden regular los actos de la Administración, como los relativos a los requisitos de las notificaciones que aquella realice».
– «La caducidad constituye una causa impeditiva de un pronunciamiento judicial sobre el fondo y que ” como tal presupuesto procesal, no vulnera por sí mismo el derecho a la tutela judicial efectiva, como tampoco se deriva ninguna lesión de su correcta apreciación por parte de los órganos judiciales, ya que los plazos en los que las acciones deben ejercitarse no se encuentran a disposición de las partes».
– El derecho a la tutela judicial efectiva «se puede ver vulnerado cuando se haya apreciado una caducidad sin razonamiento o de forma arbitraria o irrazonable entendiendo por tal, no toda interpretación que no sea la más favorable, sino la que por excesivo formalismo o rigor revele una clara desproporción entre los fines preservados por las condiciones legales de admisión y los intereses que resultan sacrificados».
Así, por ejemplo, se calificó de falta de razonabilidad y proporcionalidad en un caso en el que el órgano judicial apreció la caducidad cuando la demanda se presentó fuera de plazo porque la Administración indicó al interesado un plazo erróneo.
Para el Tribunal Constitucional «no puede beneficiarse de aquel error fundando después en él la caducidad de la acción, pues entonces la parte demandante, habiendo seguido con buena fe el plazo indicado por la Administración, queda impedida para obtener un pronunciamiento judicial, con claro beneficio para la Administración que la indujo a error en su notificación, y posteriormente opone ella misma la caducidad en el acto del juicio, no resultando, en definitiva, razonable ni proporcionada ni acorde con las exigencias de un juicio justo una interpretación que prime los defectos en la actuación de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido su deber de notificar con todos los requisitos legales».
Esta doctrina dio lugar a que la Ley reguladora de la jurisdicción social 2011 incorporara un régimen específico de las notificaciones de las decisiones de la Administración, que con anterioridad no existía.
2.2. Doctrina del Tribunal Supremo
– La finalidad de la reclamación previa «obedecía a la necesidad de garantizar que el Organismo demandado dispusiera de un conocimiento cabal de los hechos y fundamentos legales de la pretensión, otorgándose con ella un status privilegiado a la
Administración pública que debía ser interpretada de forma restrictiva». Esa finalidad se consideró innecesaria a partir de la reforma producida en 2015.
– Mientras la reclamación previa era exigible, el plazo de caducidad en la pretensión por despido se suspendía desde su presentación hasta su resolución o el transcurso del plazo en el que se debía resolverse, reanudándose a partir de ese momento.
3. Se aclara que el recurso no trata sobre si la comunicación del despido reúne o no los requisitos de forma y contenido que impone el art. 55 ET, sino sobre «si la notificación del acto extintivo se debía realizar con unos determinados requisitos y, en caso afirmativo, determinar el alcance de tal defecto, todo ello cuando estamos ante un empleador que es Administración Pública».
4. Pues bien, la aplicación de la referida doctrina constitucional y de la Sala al supuesto traído a la consideración de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo supone que:
4.1. La reforma del art. 69 LRJS en 2015 sólo supuso la supresión de la reclamación administrativa previa a la vía judicial, con los efectos que la misma provocaba en materia de caducidad y prescripción, pero sin que dicha reforma alterase el régimen de las notificaciones de las decisiones o actos iniciales de la Administración que existía con anterioridad en el citado art. 69.1 párrafo segundo y tercero.
4.2. La notificación de la comunicación de despido emitida por una administración pública está sometida al régimen de notificaciones y debe contener su condición de decisión impugnable directamente ante la vía judicial laboral en el plazo de veinte días, o la que pudiera proceder, órgano y plazo que esté establecido a tal efecto, art. 69 LRJS.
4.3. El art. 69.1 LRJS «se inicia con el siguiente párrafo “Para poder demandar al Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales o entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos será requisito necesario haber agotado la vía administrativa, cuando así proceda, de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo aplicable”. Esto es, está imponiendo una regla general de agotamiento de la vía previa administrativa -en los casos que proceda- sin distinción alguna en orden la acción que se formula frente a aquellos y, por tanto, no podríamos entender excluidas las acciones por despido u otras que se someta a plazo de caducidad, y menos cuando el art. 69.3 se refiere a dichas acciones y a la hora de fijar el plazo de interponer la demanda indica, entre otras situaciones, que comenzará a computar el plazo desde que se entienda agotada la vía administrativa. Por tanto, podría decirse que este primer párrafo del art. 69.1 no está excluyendo acciones judiciales, sino delimitando el ámbito en el que debe acudirse a una vía previa a la judicial».
4.4. «El párrafo segundo del art. 69.1 de la LRJS es más rotundo cuando indica que “en todo caso”, las notificaciones deben realizarse en la forma que en él se indica, ya sea exigible o no agotar la vía previa administrativa. Dicho mandato, “en todo caso”, existía antes y después de la reforma de 2015, ya que en este aspecto no hay nada que se haya alterado por la reforma de la Ley 39/2015, que tan solo ha eliminado la reclamación previa administrativa. Por tanto, el régimen de notificaciones de dicho párrafo no se limita a determinados actos o decisiones de la Administración Pública».
4.5. Con esta exigencia formal de la notificación «se está dotando de garantías materiales a la propia relación jurídica, así como otorgando seguridad jurídica que, junto con el principio de eficacia, se justifica su establecimiento, preservando de esa forma el derecho a una reacción efectiva frente a esa actuación, garantizando la tutela judicial efectiva que con los actos de comunicación debe preservarse para la mejor defensa de los derechos del interesado».
4.6. En el caso traído a la consideración de la Sala queda claro que la administración demandada no dio cumplimiento a las previsiones del art. 69.1 párrafo segundo LRJS.
4.7. El art. 69.1, 3º LRJS ordena que el plazo de caducidad queda suspendido ante notificaciones defectuosas u omisivas. Habida cuenta que D. Juan presentó una reclamación previa al no haberse indicado nada en la notificación del despido, se procede a determinar hasta cuando está suspendido el plazo de caducidad y, en consecuencia, cuando se reanudó.
4.8. «El art. 69.1 párrafo segundo indica que la notificación omisiva “solo surtirá efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de notificación o resolución o interponga cualquier recurso que proceda”. Y esta previsión debe relacionarse con el art. 69.3 de la LRJS en el que se identifica el día inicial del plazo de caducidad diciendo que es “contado a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera producido el acto o notificación de la resolución impugnado”».
4.9. Así las cosas, «ante una notificación defectuosa, el plazo de caducidad no se inicia hasta que el trabajador actúa mediante actos que vengan a poner de manifiesto que conoce no solo el contenido de la decisión sino cómo actuar frente a ella».
4.10. Habida cuenta que desde 2015 no se exige la reclamación previa, no puede entenderse que con su presentación se reanuda el plazo de caducidad. La presentación de la reclamación previa es inhábil para producir el efecto de reanudar el plazo de caducidad.
4.11. Por todo ello, no habiendo indicado la notificación de la Administración pública el modo de combatir el despido, el plazo de caducidad estuvo suspendido hasta que D. Juan interpuso la demanda, no la reclamación previa, que ya no cumplía ese propósito.
Conclusión
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación para la unificación de doctrina y confirmó la sentencia del TSJ Madrid que, no apreciando la excepción de caducidad por las razones expuestas, declaró la improcedencia del despido.
Un apunte final
Cuando una Administración Pública despide, el despido se debe notificar cumpliendo con los requisitos exigidos por el art. 69.1 2º LRJS, a saber, «texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos». De lo contrario, el plazo de caducidad queda suspendido hasta que «el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda», art. 69.1 3º LRJS. Sin que la inexigible reclamación previa cumpla el efecto de reanudar el plazo.
Así las cosas, cuando:
– Cuando la administración pública cumple con los requisitos de notificación exigidos por el art. 69.1 2º LRJS, el plazo de 20 días de caducidad empieza a computar a partir del día siguiente a la notificación de la resolución impugnada.
– Cuando la administración pública no cumple con los requisitos de notificación exigidos por el art. 69.1 2º LRJS, el plazo de 20 días de caducidad queda suspendido hasta que el interesado lo impugna por la vía procedente. Sin que la presentación de una reclamación previa produzca el efecto de reanudar el plazo.
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