Demanda frente a una AA. PP. en su condición de empleadora: acción judicial directa y obligación de notificar

Los artículos 69 y ss. LRJS regulan el «agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial». En concreto, el art. 69.1 LRJS establece que: «Para poder demandar al Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales o entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos será requisito necesario haber agotado la vía administrativa, cuando así proceda, de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo aplicable»
Como es bien sabido, la redacción vigente del art. 69 LRJS fue consecuencia de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que, con efectos de 2 de octubre de 2016, suprimió la reclamación previa con carácter general en el ámbito del proceso laboral. Desde esa fecha, el art. 69 LRJS lleva por título «agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial social», desapareciendo toda referencia a la reclamación previa.
Bien pronto, la Abogacía General del Estado, en fecha 18 de octubre de 2016, emitió su criterio interpretativo sobre cómo debía procederse para demanda al Estado, CC. AA., entidades locales o entidades de derecho público con personalidad jurídica propia (Comunicación Laboral 67/2016).
Así las cosas, la situación general actual en materia de demandas frente a las AA. PP. es la siguiente:
a) Demandas frente a las AA. PP. en su condición de empleadoras: no se requiere ningún acto previo, por tanto, los trabajadores, como se verá luego, sin necesidad de realizar ningún trámite previo, deben presentar la demanda directamente antes los juzgados de lo social.
b) Demandas frente las AA. PP. en el ejercicio de su potestad administrativa, en concreto para impugnar actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social excluidos los prestacionales (art. 151 LRJS), por ejemplo, impugnación de sanciones administrativas: debe agotarse la vía administrativa previa antes de presentar la demanda, en esencia, interponiendo un recurso de alzada (y antes, en su caso, el potestativo de reposición).
c) Demandas en materia de prestaciones de Seguridad Social y reclamación al Estado de salario de tramitación en despidos declarados improcedentes (arts. 116 y ss. LRJS): en ambos casos, debe presentarse una reclamación previa, en atención a lo dispuesto, respectivamente, en el art. 71 LRJS y en el RD 418/2014, 6 jun.
En estos dos últimos años, en tres sentencias del Tribunal Supremo se ha planteado algunas cuestiones en relación con la obligación de notificación de la decisión de extinción del contrato de trabajo, la suspensión del plazo de caducidad y la falta de efectos de la presentación de una reclamación previa o del intento de conciliación previa: STS 24-7-2020, rcud. 1338/18, demanda frente al Ministerio de Defensa; STS 14-4-2021, rcud. 3663/18, demanda frente al Ministerio de Defensa; STS 10-12-2021, rcud. 947/19, demanda frente a un Ayuntamiento.
De lo dispuesto en el art. 69 LRJS y de la interpretación jurisprudencial cabe concluir lo siguiente:
a) Cuando la Administración Pública actúa en su condición de empleadora pública, las decisiones de despido o extinción del contrato (o de cualquier otra sanción o decisión que afecte a la prestación o condiciones de trabajo) están bajo la cobertura del art. 69 LRJS.
b) La Administración Pública debe cumplir con las obligaciones de notificación del referido precepto. En concreto, en casos de extinción del contrato, en la notificación de la resolución debe indicarse expresamente: a) el carácter definitivo de la decisión y que, en consecuencia, es impugnable directamente ante la vía judicial laboral; b) el órgano judicial ante el que ha de presentarse la demanda, juzgado de lo social; b) el plazo para interponer la demanda, veinte días hábiles (el plazo cuenta a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera producido el acto o la notificación de la resolución impugnada).
c) Efectos sobre el plazo de caducidad del incumplimiento de las obligaciones de notificación: en el caso de que la AA. PP. omitiese alguno de estos requisitos en la notificación de su decisión extintiva, el plazo de caducidad para presentar la demanda se mantendrá suspendido, y únicamente surtirá efecto «a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda», art. 69.1, 3º LRJS.
Así las cosas, ante una notificación defectuosa, «el plazo de caducidad no se inicia hasta que el trabajador actúa mediante actos que venga a poner de manifiesto que conoce no sólo el contenido de la decisión, sino cómo actuar frente a ella».
d) «La declaración de caducidad de la acción de despido contra una decisión extintiva adoptada por una administración pública sólo es proporcionada y respetuosa con el derecho fundamental del acceso a la jurisdicción, si la notificación de dicha decisión indica correctamente la vía y el plazo de impugnación», STS 10-12-2021, rcud. 947/19.
e) La interposición de la alegal e innecesaria, por suprimida en estos casos, reclamación previa no cumple con el requisito de interposición de «cualquier recurso que proceda». Por tanto, en modo alguno afecta al plazo de caducidad. No produciendo efectos suspensivos del plazo, ni lo reanuda, STS 24-7-2020, rcud. 1338/18, STS 14-4-2021, rcud. 3663/18.
f) Una interpretación finalista y sistemática de la ley, así como de la propia literalidad del art. 69 LRJS, lleva a interpretar que en las demandas de extinción del contrato de trabajo, tras la supresión de la exigencia de reclamación previa, no es exigible como requisito previo a la demanda el intento de conciliación previa, STS 10-12-2021, rcud. 947/19.
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